En el año 2013, el Congreso Nacional sancionó la ley Nª 26.913, que establece el otorgamiento de una pensión graciable para aquellas personas que acrediten haber estado detenidas por causas políticas, gremiales y/o estudiantiles hasta el 10 de diciembre de 1983.

La Secretaría de Derechos Humanos dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación será el órgano encargado de resolver si corresponde o no el derecho al otorgamiento de la pensión.

La aplicación del presente régimen, al contribuir desde el Estado nacional a la reparación de delitos de lesa humanidad, se ampara en la imprescriptibilidad de los mismos, por lo que determina la no existencia de plazos máximos temporales de presentación para ejercer los derechos que el régimen otorga.